La última Tarugoconf

Con la nueva ley vigente, el evento que hemos estado organizando durante seis años no podrá volver a celebrarse. Al menos, no con el formato de las dos últimas ediciones.

El pasado miércoles 3 de noviembre, el Gobierno promulgó la llamada «Ley Iceta» que determina que la responsabilidad derivada de la emisión de un contenido que infrinja derechos de autor ya no será del creador del contenido sino de la plataforma desde donde se distribuya. Esta deberá demostrar además que realiza los «mayores esfuerzos» para encontrar dichos contenidos y actúa «de modo expeditivo» si los encuentra.

La norma es tan aberrante como pretender que si un lector coloca un libro fotocopiado en una estantería, la culpa es de la biblioteca; y la única manera que esta tuviera de eludir su responsabilidad es demostrar que los bibliotecarios están constantemente revisando toda la instalación y, cuando encuentran un ejemplar sospechoso de no ser original, lo retiran de inmediato.

Trasladar ese sinsentido a escala Internet obliga a las plataformas online a aplicar censura algorítmica. Será el software el que decida qué contenidos podremos ver y cuales no, sin ninguna intervención humana y —por supuesto— sin la supervisión de un juez. Y esos filtros automáticos —que ya fallan más que una escopeta de feria— serán implacables a la mínima sospecha, porque la norma castiga a las empresas que no bloqueen esos contenidos, pero no contempla penalización alguna para aquellos que abusen del sistema reclamando teóricos derechos de autor que, en realidad, no poseen.

Será el software el que decida qué contenidos podremos ver y cuales no.

Es normal que no te suene haber escuchado nada de esto porque la norma ha sido aprobada como parte de un Decreto Ley, un procedimiento que permite al Gobierno aprobar una norma hurtando a la Ciudadanía cualquier debate previo en el Parlamento.

Precisamente por eso, y para evitar que se abuse del mismo, el empleo del Decreto Ley está limitado en el artículo 86 de nuestra Constitución. Y uno de los casos recogidos en la misma —la «extraordinaria y urgente» necesidad— es la excusa que ha utilizado nuestro Gobierno para fundamentarlo. Como adaptación local de una funesta directiva de la Unión Europea, si la ley no se aprobaba en plazo nos arriesgábamos a recibir un millonario multón de Bruselas.

La cuestión es que esa Directiva no tiene nada de extraordinaria ni mucho menos de urgente. Se aprobó en 2019, hace más de DOS AÑOS, y es evidente que durante ese tiempo no se ha trabajado mucho en su redacción. Es un mero copy/paste de la directiva europea... exceptuando la extensión de la aplicación de la misma a las retransmisiones o streamings que supone que las mismas puedan ser suspendidas EN DIRECTO —sin capacidad de reacción ni derecho a defensa— algo que cambia por completo las reglas de juego en Internet.

Por ejemplo, de haber estado vigente el pasado 22 de octubre, la retransmisión de la Tarugoconf se hubiera cortado en medio del evento con total seguridad. Jamás podremos volver a celebrar el evento. Al menos no con el formato actual.

Cuando leemos una norma con una aplicación tan general como la Ley Iceta es difícil comprender el impacto real en nuestro día a día, así que, puede ser un buen ejercicio ver cómo la misma afecta a algo cercano como la Tarugoconf, el evento anual creado para agradecer el apoyo de los suscriptores de esta lista de correo.

Cuando llegó el confinamiento y las restricciones sanitarias para luchar contra el COVID-19, adaptamos la Tarugo para convertirla en «el evento online al que siempre nos hubiera gustado asistir», lo que en la práctica significaba crear un maldito programa de televisión. Inesperadamente, la cosa salió bien y este año repetimos formato.

Al día siguiente, Jeroclo nos advirtió de que YouTube había encontrado contenido con copyright en nuestra emisión y, por tanto, la grabación del streaming no podía publicarse en la plataforma. Una cosa era emitir parte de una obra registrada —por ejemplo, las ráfagas musicales con las que la banda recibía a los invitados— por lo que YouTube podía impedir que intentaras obtener un rendimiento económico del vídeo; y otra, muy diferente, que detectara que estabas emitiendo contenido ajeno a CHOLÓN y te impidiera publicarlo.

Pero, si todo nuestro contenido era original ¿qué carallo había identificado YouTube? Pronto lo descubrimos... la música que Rubén pinchó durante EL DESCANSO 🤦‍♂️

Con la Ley Iceta vigente, YouTube habría cortado la emisión del programa automáticamente, dejando colgadas a las más de 1.000 personas que estaban viendo el evento en directo y causando un enorme perjuicio a ponentes, patrocinadores y organizadores sin margen alguno para reaccionar, todo para proteger unos derechos de autor de los que EVIDENTEMENTE no sacamos ningún rendimiento económico. No creo que hubiéramos vendido ni una sola entrada más si, en vez del «Matador» de Los Fabulosos Cadillacs, Rubén hubiera pinchado solo música libre de derechos o hubiéramos puesto a Molpe tocando la txalaparta.

Algunos podéis argumentar que eso da igual, que debíamos haber previsto toda la música que iba a sonar —la típica planificación prusiana que suele verse en los eventos organizados por voluntarios— y pagar los derechos de reproducción por adelantado. Puede ser, pero eso tampoco es tan sencillo.

El día anterior a la Tarugo —como ya es tradición— reestrenamos una película relacionada con la Informática: «Conspiración en la Red», 110 MINUTAZOS de contenido con copyright por los que pagamos religiosamente los derechos (229,90€) para emitirla en streaming. Aún así, por supuesto tuvimos que hacerlo a través de un sistema de streaming independiente para evitar problemas con el directo porque, hoy por hoy, no hay forma de indicar a YouTube que has pagado por los derechos del contenido que emites.

A la hora de emitir música con copyright, os reto a encontrar en la página de la SGAE el tipo de licencia tendríamos que pagar. En el apartado de Eventos se listan bodas, desfiles de modelos, espectáculos circenses y hasta mítines políticos, pero ningún evento como la Tarugo. Lo más parecido que he localizado es «Recintos feriales, Exposiciones comerciales, industriales y agrarias» a los que cobran... en base a los metros cuadrados de exposición. Si nos decantamos por Internet-Telefonía-Tecnología, creo que lo más cercano sería «Webcasting», pero para calcular la tarifa mínima hablan de «visitas mensuales» en vez de asistentes.

Ninguna de las opciones parece poder salvaguardarnos de cualquier problema de copyright en la Tarugo, pero aunque cerremos un acuerdo con la SGAE ¿quién nos garantiza que el gestor de los derechos se comunicará con YouTube, Twitch, Vimeo o cualquier otra plataforma que usemos para hacer streaming y se asegurará de que no nos corten la transmisión? ¿Y si una ponente lleva impresa en la camiseta una imagen con derechos de autor? ¿Y si en medio de una charla suena un móvil que tenga el último hit del momento como melodía? ¿cómo actuarán los algoritmos de filtro de cada una de las plataformas?

Con semejante inseguridad, lo más sensato es que los organizadores de conferencias técnicas abandonemos cualquier iniciativa para que también se pueda asistir online en igualdad de condiciones. Desde luego, arriesgar nuestros ahorros, esfuerzo y reputación para celebrar una Tarugoconf con el despliegue de los dos últimos años, para que esta pueda ser suspendida en cualquier momento, parece —hoy por hoy— inviable. Con la Ley Iceta vigente, la #tarugo21 será la última conferencia 100% online que organicemos.

Como ciudadanos, lo mínimo que debemos exigir a los políticos es que las leyes que creen resuelvan más problemas de los que generan. Que mas allá de la teoría, antes de que entren en vigor, desarrollen los mecanismos y procedimientos necesarios para llevarlas a la práctica.

Como profesionales, lo mínimo que debemos exigir es que esa práctica sea técnicamente viable y razonablemente eficiente, tanto en tiempo como en coste.

No haremos ni una cosa ni la otra. Como ciudadanos, caeremos por enésima vez en el partidismo que nos impide criticar los errores de «los nuestros» o tratar de justificarlos señalando los que cometen «los otros». Esta ley no es «de izquierdas» ni «de derechas» —la apoyan tanto el PP como el PSOE— sino, simplemente, un disparate. Como profesionales, seguiremos invirtiendo toda nuestra energía en recordar a alguien en Internet que está equivocado o, como mucho, iremos a la revolución gritando muy fuerte en Twitter para acabar haciendo lo mismo que hemos hecho como sector desde la primera vez que hablamos en esta lista de la directiva que traspone la Ley Iceta, el 24 de junio de 2018, hace más de 3 años: absolutamente NADA.

No puedo dejar de pensar que luchamos contra el COVID y ganamos, solo para sucumbir ante una ley absurda.

Artículo publicado por David Bonilla en La Bonilista el 14 de noviembre de 2021