ESTADO SOCIAL

Ya en los siglos XVIII y XIX se consideraba que era necesario un estado social y de derecho. No en vano la Revolución francesa cambió la situación política y causó una gran repercusión en el mundo occidental.

Fichte en su libro El Estado comercial cerrado del año 1800 publicado en Alemania afirma la necesidad de un gobierno y una política racionales para que se pueda lograr el bienestar de todos los ciudadanos. Detalla en su libro lo que debe ser un Estado ideal. Parte de las condiciones de la Europa de su tiempo y también está a favor de un cierto cosmopolitismo. Estos planteamientos pueden ser pensados desde su idealismo ético. Indudablemente, este gran filósofo alemán que murió en 1814 a los 51 años de edad, propone la introducción de la razón en la historia y en las decisiones políticas. La idea de libertad es también esencial no solo para cada ser humano sino también para la convivencia social de los ciudadanos de cualquier país. Para Fichte el ser humano se define por su actividad y no tanto por el ser, ya que la acción es lo que cambia la realidad, en todos los sentidos pensables.

Este pensador idealista se solidariza con los oprimidos y reafirma los ideales de  libertad, igualdad y fraternidad. En definitiva, sus valores democráticos le impiden aceptar la injusticia y la pobreza. Quiere realizar una revolución pacífica, como también señala Jaime Franco Barrio. Fichte criticaba el absolutismo monárquico de su época. 

Como escribe Fichte «El objetivo de toda la actividad humana es el de poder vivir: y a esta posibilidad de vivir tienen el mismo derecho todos aquellos  a los que la naturaleza trajo  a la vida». Lo que se deduce de esto y así lo afirma el mismo pensador alemán es que todos los individuos tienen que disponer de los medios suficientes para subsistir. En los tiempos actuales, con el extraordinario desarrollo de la ciencia y la tecnología, esto es realmente posible con una adecuada y racional política redistributiva. En tiempos de Fichte podría ser más difícil aunque alcanzable.

Es posible, por tanto, un Estado racional  que garantice la equidad pública. En consecuencia, las leyes o el ordenamiento jurídico de los Estados deben  fundamentarse en el respeto a los derechos de todos. Y se comprende perfectamente que Fichte diga lo siguiente: «No se ha tenido en cuenta el deber fundamental del Estado: ante todo poner a cada uno en la posesión de lo que le corresponde».

Es parecido a lo que escribió en sus obras Jovellanos, que fue coetáneo de Fichte.Los principios de la Ilustración son compartidos por ambos pensadores europeos. El filósofo germano también  critica la anarquía del comercio y pretende que se establezca una mejor regulación del mismo. En este sentido, se puede decir que Jovellanos está en una línea de pensamiento similar. La anarquía política es otro obstáculo para el logro de un Estado racional. 

La filosofía ética y política fichteana nos sirve para pensar que la política de los gobiernos estatales tiene que dirigirse prioritariamente al bienestar general, porque es la tarea principal. Si esto no se hace suficientemente, lo demás no mejora y se refuerza o mantiene la desigualdad, la marginación, la exclusión y la pobreza. 

El que una buena parte de los Gobiernos no se centren de verdad y con todos sus medios en resolver la enorme injusticia social existente significa que no están haciendo bien su labor política.  Así de claro y rotundo. Si a esto se añade el problema de la corrupción económica y política sobran los comentarios o mayores explicaciones.

En relación con el trabajo escribe Fichte «Dicho brevemente: el objetivo de todo trabajo, además de satisfacer nuestras necesidades vitales, es el de permitirnos vivir algún día a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de la renta del mismo». Es un enfoque social que concuerda con los principios de los Derechos Humanos actuales y con la idea de un Estado del Bienestar. 

El Gobierno de cada Estado debe tener en cuenta que gobierna para todos los ciudadanos y tiene que promover con sus leyes y decretos que se garantice la justicia tanto en el ámbito laboral como en los restantes campos de su actuación. 

Los impuestos son decisivos para la justicia social. El pago de los mismos está en directa relación con las rentas de los ciudadanos. Al ser progresivos nadie se verá perjudicado de forma objetiva por los impuestos. 

El derecho al ingreso mínimo vital junto con un derecho a cobrar el paro mientras no se encuentre trabajo deberían ser las medidas estrella para acabar con la exclusión social y la pobreza, junto con otro conjunto de medidas de protección social y económica.