DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA EN CATALUÑA

Muy probable declaración unilateral de independencia de Cataluña en los primeros días de octubre.

Esto es lo que parece que va a suceder, si se convierte en realidad lo que afirma Raúl Romeva en el caso de que gane el sí a la formación de una república catalana.

El auténtico tema de fondo o cuestión clave, a mi juicio, es que la Generalitat siga su proceso y, de modo arbitrario, continúe desobedeciendo al Gobierno y se fracture España en dos estados. Y, si esto sucede, la próxima semana de octubre asistiremos a unos acontecimientos históricos, pero lamentables y muy tristes, en mi opinión. Será el fin de la unidad indisoluble de España. Esperemos que no ocurra, pero lo que está sucediendo conduce a pensar que existe una considerable probabilidad de que se cree ilegalmente una república catalana.

Y, si se celebra la consulta ilegal a los catalanes este domingo, puede que ganen los partidarios de la independencia, ya que irán a esta votación inconstitucional, sobre todo, los independentistas. Les da igual las órdenes judiciales de que no se abran colegios electorales y el aviso realizado por Protección de Datos de que habrá multas de hasta 600.000 euros por estar en las mesas para la votación. Y el resto de sentencias judiciales en relación con el desafío independentista, en general, las incumplen sin más.

Por otra parte, los Mossos mantienen que serán ellos los que decidirán cómo actuar el 1 de octubre. El Ministerio del Interior es la máxima autoridad en cuestiones de seguridad nacional en todo el territorio español y se entiende que los Mossos están bajo su dirección, aunque parece que no del todo. Lo digo como una opinión, en función de las noticias que van surgiendo constantemente en los medios de comunicación.

Este viernes por la noche ya empiezan las ocupaciones de centros educativos para intentar que estén abiertos hasta el domingo. A esto se añade que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha cerrado una aplicación creada para facilitar el voto telemático del referéndum ilegal. Que el Gobierno no vaya a tener en cuenta a Puigdemont y a Junqueras para un hipotético diálogo después del 1 de octubre no considero que sea algo especialmente importante, ya que lo decisivo es que no se permita que la Generalitat en un plazo de 48 horas después de la consulta ilegal declare unilateralmente la independencia de la república catalana, diga lo que diga el Gobierno central y haciendo oídos sordos también a los tribunales y al poder legislativo.

Además, por si no fuera bastante, Puigdemont y Junqueras se han negado a obedecer a las más altas autoridades del Estado y van a celebrar un referéndum ilegal, según han confirmado.

Es bochornosa la rueda de prensa del viernes día 29 de septiembre en la que los dirigentes independentistas muestran a los medios de comunicación una urna de plástico made in China y explican que tienen todo preparado con 60.000 personas que estarán en las mesas de votación, miles de voluntarios, etcétera. Por no hablar de que, tal vez, sean utilizados ilegalmente hasta centros sanitarios e iglesias para la consulta ilegal, si no lo impiden los Mossos. Los mandos de este cuerpo policial argumentan que no quieren usar la fuerza para que se cumpla lo dispuesto por los jueces.

Pero sucede que la policía está legitimada para emplear la fuerza, si es necesario, para que se cumpla lo ordenado por la justicia, parar o neutralizar actos delictivos, por ejemplo, o detener a los culpables o responsables de estar cometiendo delitos.

Y la proporcionalidad y profesionalidad en las operaciones policiales se da por descontada. La labor que realizan la Guardia Civil y la Policía Nacional ha sido ejemplar y estoy seguro de que lo seguirá siendo. Creo que también es pensable que existe una dirección política de las Fuerzas de Seguridad y también de las Fuerzas Armadas.