Timo del nazareno en el sector eléctrico, el regalo envenenado de Soria a Guindos

   

                                

Pequeñas empresas comercializadoras de electricidad, constituidas con capitales mínimos –bastan 3.000 euros- han creado un agujero estimado en 200 millones de euros aprovechando los huecos de una normativa demasiado laxa. La mecánica de lo que en el sector se califica de estafa recuerda el viejo timo del nazareno: las sociedades venden con grandes descuentos kilowatios que deberían comprar en el mercado mayorista eléctrico, pero que en realidad no adquieren.

Cuando se certifica el timo, entre siete y 11 meses después, crean otra sociedad. Industria ha inhabilitado media docena de empresas desde febrero, pero al menos hay otra docena bajo investigación. El caso ha estallado con Luis de Guindos como nuevo ministro de Industria en funciones tras la salida de José Manuel Soria.

Desde febrero, el ministerio ha inhabilitado a las empresas  Luci Mundi Energía, Nortedison Electric, Oltem Llum, Comercial Eólica Suministro de Energía y Zero Electrum. La razón: incumplir la obligación de  “comprar la energía suficiente para suministrar a sus clientes, para lo cual, deben aportar las garantías que se establezcan”. Al menos otras doce empresas están siendo investigadas. Una de ellas, Zencer, aseguró ayer que en su caso no existe inhabilitación, sino un expediente abierto en la CNMC.

En España, con el mercado eléctrico liberalizado, operan más de 400 sociedades comercializadoras de electricidad. La mayor parte del mercado, el 90%, está controlado por las grandes compañías, con Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa a la cabeza. Pero hay un 10% -2,5 millones de clientes al menos- donde la picaresca está a la orden del día.

Presuntos empresarios que actúan especialmente en el arco mediterráneo crean empresas con un capital mínimo para provechar al máximo los agujeros de una normativa que, según  denuncian fuentes del sector, se ha quedado obsoleta. Ni Red Eléctrica de España (REE) –la empresa que gestiona el sector eléctrico- ni OMIE, la sociedad que gestiona el mercado mayorista de electricidad, han logrado poner coto a las malas prácticas.

"Lo único que podemos hacer y hacemos es denunciar a Industria y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Comptencia (CNMC) las irregularidades cuando las detectamos" aseguran en Red Eléctrica de España, que no detalla ni número de sociedades investigadas ni importe de las irregularidades.

Picaresca y comprobaciones lentas

En buena parte, la razón de que prolifere la picaresca está en la norma:

las compras de las comercializadoras sólo se comprueban realmente en el mes séptimo de la operación (M+7)

y las operaciones se liquidan en el mes 11 (M+11). El espacio para la impunidad –vendiendo kilowatios que no tienen- es amplio. Cuando el timo es evidente, las sanciones son administrativas –inhabilitación y multa-, se dirigen a la sociedad y no afectan por vía penal a los administradores. Éstos pueden –y lo hacen- constituir otra sociedad y mantener sus ofertas.

El timo se mantiene porque el agujero creado –en torno a 200 millones de euros hasta el momento, según cálculos del sector- se reparte entre todas las comercializadoras. Cuando la empresa cierra, además, sus clientes pasan a otra compañía, cuando no a una nueva constituida por los mismos timadores con el mismo fin. Al fin y al cabo, el cliente no pierde. De una u otra forma, el perjuicio creado al sistema lo pagamos todos.

“Es como atracar un banco, pero sin riesgo alguno” asegura un directivo de una comercializadora que reclama anonimato. Algo seguro. Y algo que choca mucho con lo que es habitual y norma para el consumidor de a pie. Cuando un consumidor deja de pagar un solo recibo de la luz, a los pocos días cuenta con un aviso de corte de suministro. Si no paga, acaba en una lista de morosos y sin servicio. Para restituirlo tendrá que abonar, al menos, un enganche de 300 euros. La diferencia está clara.

Las grandes compañías distribuidoras y comercializadoras son también perjudicadas, pero hasta la fecha, al menos que se sepa, no han tomado cartas en el asunto. Para las cantidades que mueven –el negocio eléctrico supera los 30.000 millones de euros anuales-, un par de cientos a repartir apenas es dinero. Además,

los problemas en el corralito que se disputan las pequeñas compañías les puede beneficiar.

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