Las condiciones laborales precarias y la falta de controles permiten que redes criminales infiltren a colaboradores como intérpretes en pinchazos policiales y en juzgados

Cualquiera puede ser contratado como traductor e intérprete en la policía, la Guardia Civil o los juzgados. Incluso los propios delincuentes. Las empresas adjudicatarias de los servicios de traducción en juzgados y policías contratan a cualquiera que diga tener conocimientos de una lengua.  

La falta de filtros y de verificación en los datos ha permitido que hasta las propias redes de delincuencia organizada se hayan infiltrado en los cuerpos de seguridad y de justicia. De esta forma, la información que los traductores e intérpretes que obtienen de las investigaciones es proporcionada a los investigados.  

Seprotec, la empresa que ofrece los servicios de traducción e interpretación en los juzgados de Madrid, contrató a un periodista de este medio quien dijo ser traductor e intérprete de árabe, a pesar de que no conoce ni una sola palabra en esa lengua. La falta de controles hizo que lo contratasen y hasta que le asignasen su primer juicio, tal como publicó este diario el domingo pasado.  

Pero la situación no es una excepción. Los traductores e intérpretes profesionales aseguran que todas las compañías privadas sacan beneficio económico de los contratos con la policía y los juzgados pero no ofrece garantías mínimas ni de conocimiento de idiomas ni seguridad en los graves casos investigados por las fuerzas de seguridad y por la justicia.  

Tres empresas dominan el mercado de la traducción en las fuerzas de seguridad del Estado y los juzgados: Seprotec, Atlas Servicios Empresariales (filial de Adecco), y Ofilingua.  

Traductor y chantajista  

El jefe de una banda india de productos falsificados Harischandra Tarachand Varma, que fue detenido en noviembre junto con otras 70 personas, fue contactado por un traductor que trabajaba para la policía como intérprete en los pinchazos telefónicos.

En la operación policial, el traductor, Alí S., trabajador de Seprotec de origen paquistaní, sugirió la incorporación de otro amigo, Ijaz A., también traductor, para que se incorporara en el caso. Ambos pusieron en contacto con el jefe de la mafia para extorsionarlo (pedían 10.000 euros) con la información que habían obtenido de la investigación en la que trabajaban, según datos suministrados por la policía.    

Uno de los traductores ingresó en prisión y el otro está imputado. Seprotec, la empresa contratada por la Comunidad de Madrid para los juzgados, también ofrece servicios de traducción e interpretación a la policía.  

Hace pocas semanas, un caso similar escandalizó a los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Una intérprete de albanés se puso en contacto con una red criminal para avisarle que la policía catalana les estaba siguiendo la pista a través de pinchazos telefónica que ella misma traducía.  

"La incorporación de intérpretes que no están formados ni preparados facilita el crecimiento de estos casos de corrupción", explica la juez de Madrid, Pilar De Luna, la primera que suspendió juicios cuando consideraba que los intérpretes no tenían la capacidad suficiente para participar en la celebración de un juicio.  

"Los traductores e intérpretes profesionales exigimos que haya un registro oficial en el que se inscriban los profesionales que acrediten tener capacidad y formación. Es lo que exige Europa y es lo que España no ha cumplido. Esto facilita que las mafias infiltren a informantes en la policía y los juzgados. Es un asunto muy delicado", explica Mar Quijada, presidenta de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados.  

Secuestrador e intérprete

En marzo pasado, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a 14 años a un intérprete de chino que trabajaba para la policía. El traductor pertenecía a una red criminal que encargó en secuestro de un compatriota.  

Algunos intérpretes enviados al aeropuerto de Barajas han sido rechazados por la policía por haber presentado documentación falsa. Otro intérprete de la Guardia Civil en Canarias también fue acusado de cobrar a los sin papeles por cambiar sus declaraciones para beneficiarlos e impedir su extradición.   
Los profesionales del área denuncian que con la llegada de las empresas privadas a la justicia y a los cuerpos de seguridad, sus condiciones han empeorado de forma notable. Cobran diez euros la hora. La precariedad ha hecho que el oficio sea ocupado por trabajadores de baja cualificación que no dominan el idioma y que pueden prestarse para colaborar con las redes de delincuencia.       

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