El Tribunal Constitucional entra en la era digital

A partir de hoy, los ciudadanos podrán tener un acceso fácil y directo a todas las actividades y resoluciones del Tribunal Constitucional. Desde un ordenador, una tableta o un «smartphone», cualquier usuario podrá acceder a la nueva web del TC (www.tribunalconstitucional.es), o descargar una aplicación que le permitirá acceder a cualquier resolución o dato público del órgano jurisdiccional supremo.

«Hace ya tres años -afirmó Francisco Pérez de los Cobos, presidente del TC- cuando llegamos a esta institución, nos propusimos modernizar todos los procedimientos, agilizar los trámites y facilitar el acceso de los ciudadanos. Hoy lo hemos conseguido». A partir de ahora, será posible presentar demandas, recursos o comunicaciones por vía electrónica y durante las 24 horas del día, y no solo físicamente acudiendo al Registro del Tribunal en horarios de oficina. Gracias a la creación de su sede electrónica, el Alto Tribunal da un paso definitivo hacia la modernización de un servicio que permitirá a los ciudadanos obtener, en el momento en que lo necesiten, la tutela de sus derechos constitucionales.

La nueva web ha sido diseñada por el propio departamento de Informática de TC, y toda la información que contiene se aloja en sus propios servidores, siguiendo una arquitectura basada en zonas de seguridad perimetral. De esta forma, se garantiza la seguridad de todos los contenidos, el acceso controlado a los mismos y se obtiene una importante reducción en los costes de gestión.

Además de la página web, el TC estrena también una app, llamada TC-e, que puede ser descargada en cualquier dispositivo móvil que corra bajo los sistemas iOS y Android. Ya está previsto que las próximas versiones de la aplicación permitan también la descarga desde otros sistemas operativos. Gracias a la app, será posible acceder a todos los contenidos públicos (jurisprudencia, notas de prensa, normativas, memorias...) a través de cualquier dispositivo electrónico. Es la primera vez que este servicio se implementa en la Administración de Justicia en España.

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