El coste de los errores en la traducción: más allá de las valoraciones económicas

Entre otros muchos, existe un aserto en el sector GILT (globalización, internacionalización, localización y traducción) que subraya que el coste de los errores en la traducción puede ocasionar consecuencias que van mucho más allá de los meros sobrecostes económicos. Sin duda la afirmación tiene una base bastante mayor de lo que pudiera suponerse, sobre todo por parte del lector menos conocedor de nuestra actividad.

Aunque de manera periódica surgen noticias que dan pie a pensar sobre esta temática, en estas últimos meses se han sucedido algunas informaciones que me han movido a reflexionar y elaborar este artículo. De dichas informaciones destacaría, por sus consecuencias, la referida a una denuncia efectuada por Deisy García, una mujer guatemalteca que sólo hablaba español, en la que indicaba su convicción de que su marido iba a matarla a ella y a sus dos hijas. La denuncia fue planteada en tres ocasiones ante una comisaría de Nueva York, pero en ninguno de los casos fue traducida al inglés por lo que no dio lugar a las correspondientes actuaciones policiales. Dos meses después Deisy García y sus dos hijas fueron asesinadas por el marido, quien fue detenido cuando trataba de huir a México y ahora se enfrenta a una condena de cadena perpetua.

Este hecho originó un informe realizado por un grupo de ayuda legal a inmigrantes. Una de las demoledoras conclusiones del documento es que la policía de Nueva York no tiene los medios precisos para traducir y dar seguimiento a las denuncias de los inmigrantes que acuden a las comisarías y no saben inglés. Tal hecho afecta al español, la segunda lengua más hablada en la ciudad y, por supuesto, a cualquier otro idioma, lo que resulta especialmente significativo dado que Nueva York siempre se ha considerado una especie de Babel lingüística.

En una economía cada vez más globalizada, en la que se atenúan las fronteras geográficas a la hora de ejercer una profesión, resulta imprescindible que las administraciones públicas tengan bien presente la necesidad de contar con proveedores GILT fiables, eficaces, flexibles, ágiles y con capacidad para ofrecer soluciones en la más extensa variedad de lenguas posibles. Desde este punto de vista, nuestro sector tendría una aportación social adicional que en ocasiones no es siempre vista con la suficiente amplitud de miras por parte de dichos responsables políticos.

En el plano meramente empresarial, esta situación va a suponer que a medio y largo plazo se incremente la demanda de esta clase de servicios por parte del sector público. Para asumir esta nueva situación será imprescindible reforzar determinados aspectos estratégicos que tienen mucho que ver con los niveles de calidad en los servicios prestados y con la necesaria cualificación de los recursos humanos encargados de prestar dichos servicios.

Fernando Santa Isabel

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